Trump amenaza con arrebatar ciudanía a protestadores

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El martes por la mañana Donald Trump reavivó un debate legal que data desde el siglo pasado cuando tuiteó que cualquier persona que quemase una bandera de Estados Unidos se enfrentaría a la “pérdida de la ciudadanía” o a un año de cárcel.

La Corte Suprema sostuvo en 1989 que la quema de la bandera era un acto protegido por la libertad de expresión, dejando así sin validez las leyes de 48 estados que lo prohibían.

El comentario de Trump sobre el hecho de sacarles a las personas la ciudadanía estadounidense a modo de castigo, no obstante, forma parte de una histórica y enredada discusión jurídica, y los críticos temen que pueda resurgir bajo su presidencia.

A día de hoy, los ciudadanos estadounidenses no pueden ser despojados de su ciudadanía a menos que ellos mismos renuncien a ella o que se demuestre que mintieron en los formularios utilizados durante el proceso de naturalización. La ciudadanía está considerada como un derecho soberano, hasta tal punto que el Gobierno de Estados Unidos puede ejecutar a un traidor convicto, pero no puede desnacionalizarlo. “Pueden matarte, pueden ejecutarte, pueden darte la pena capital, pero no pueden sacarte tu ciudadanía”, le comentó el jurista Jack Chin a Yahoo News.

Aunque no siempre fue así. Durante la mayor parte del siglo XX, la ciudadanía fue considerada como un derecho condicional que podía ser revocado por el Gobierno, especialmente en el caso de “ciudadanos naturalizados”, que hubiesen nacido fuera del territorio nacional. En ese siglo, unos 22.000 ciudadanos fueron “desnaturalizados”, así lo explica el jurista Patrick Weil en su libro The Sovereign Citizen (El ciudadano soberano). Otros 120.000 ciudadanos nacidos en Estados Unidos que vivían en el extranjero fueron despojados de su ciudadanía durante el mismo período.

A nadie se le debe permitir quemar una bandera de Estados Unidos; ¡si lo hacen, habrá consecuencias, quizás la pérdida de la ciudadanía o un año de

Los estadounidenses nacidos en el país pueden perder su ciudadanía si han servido en ejércitos extranjeros, votado en elecciones extranjeras o hallados culpables de traición o deserción, gracias a una ley aprobada en 1940 por los crecientes temores ante la II Guerra Mundial. Varias décadas después, el Congreso decidió que los ciudadanos nacidos en el extranjero y naturalizados podían perder su ciudadanía por manifestarse contra el Gobierno o por pertenecer a grupo políticos “antiamericanos” o incluso por proceder de otras etnias (el Gobierno inició una campaña para desnaturalizar a estadounidenses de origen asiático en 1906). Emma Goldman, una histórica anarquista, fue la primera persona de Estados Unidos en perder su ciudadanía debido a su afiliación política en 1908.

(Estados Unidos no fue el único país en desnaturalizar a sus ciudadanos durante el siglo XX. La Unión Soviética desnaturalizó a 1,5 millones de ciudadanos entre las dos guerras mundiales).

La Corte Suprema redujo progresivamente la potestad del Estado para despojar de la ciudadanía a los nacidos fuera del territorio estadounidense, llegando a abordar el tema en varias ocasiones entre la II Guerra Mundial y los años 70. Dicho tribunal anuló la revocación de la ciudadanía de un estadounidense nacido en Alemania acusado de simpatizar con el nazismo y más tarde le ratificó la ciudadanía al líder de un grupo comunista de California.

En lo referido a quitarles la ciudadanía a ciudadanos nacidos en territorio estadounidense, el tribunal tomó una postura más firme. Según el libro de Weil, el juez Earl Warren escribió que la simple sugerencia de que el Gobierno estadounidense pudiese rechazar a ciudadanos nacidos en Estados Unidos habría “impactado” profundamente a los Padres Fundadores. Warren logró convencer a los suficientes jueces para que lo respaldasen basándose en la definición de ciudadanía presente en la 14 enmienda y en la prohibición de castigos crueles y extraordinarios contemplada en la octava enmienda.

En el caso de Afroyim contra Rusk (1967), el tribunal sostuvo que la 14 enmienda protegía de la desnaturalización tanto a los nacidos en el país como a los naturalizados. Una sentencia de 1971 acortó relativamente el alcance de este veredicto, preservando el derecho del Congreso a despojar de la ciudadanía a los hijos de las personas nacidas fuera de Estados Unidos bajo ciertas circunstancias.

No está claro si los miembros actuales de la Corte Suprema están de acuerdo con los precedentes de hace 50 años que definen nuestra presente concepción de la ciudadanía estadounidense como un derecho irrevocable. Ambos precedentes históricos fueron sancionados por una estrecha mayoría de 5 a 4.

“Es justo señalar que la Corte Suprema no ha tratado esto en mucho tiempo”, así lo aseguró Jeffrey Rosen, profesor de derecho, presidente y CEO del Centro Nacional para la Constitución. (Rosen añadió que en el caso particular de la quema de la bandera, sospecha que la actual Corte liderada por el juez John Roberts mantendrá ese acto como un derecho contemplado en la primera enmienda de la Constitución).

Puede que el tribunal se vea obligado a reconsiderar esta cuestión, pues Trump no es el único republicano que recientemente ha sugerido la revocación de la ciudadanía como medida punitiva. En 2014, el senador Ted Cruz propuso un proyecto de ley llamado “Ley de expatriación terrorista” que permitiría al Gobierno despojar de la ciudanía a las personas que prestasen “asistencia” a un grupo terrorista.

Weil, el jurista que escribió un libro sobre la desnaturalización, dijo que el ejemplo más revelador sobre cómo ha sido protegida la ciudadanía en las últimas décadas es el de Dzhokhar Tsarnaev, la persona que puso una bomba en la Maratón de Boston, quien había recibido la ciudadanía apenas un año antes del atentado. “El Gobierno federal pidió pena de muerte, pero no desnaturalización”, dijo Weil. “Según este precedente, no podrían hacerlo”.

Liz Goodwin

Periodista de asuntos nacionales de Estados Unidos