El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la minuta de reforma al artículo 123 constitucional que establece la reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030. Durante la sesión del Constituyente Permanente, los 59 legisladores presentes avalaron el proyecto enviado por el Congreso federal, pese a los posicionamientos críticos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. El régimen transitorio fija que la jornada se mantendrá en 48 horas en 2026, disminuirá a 46 en 2027, a 44 en 2028, a 42 en 2029 y alcanzará las 40 horas en 2030.
Ante las objeciones de la oposición por la aplicación escalonada, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, sostuvo que el esquema gradual evita afectar la operación de hospitales, cuerpos de seguridad, comercios de fin de semana y pequeñas empresas. Recordó que en administraciones anteriores se advertía que aumentos salariales provocarían inflación, mientras que el salario mínimo pasó de 88 pesos en 2018 a 315 pesos en 2026, un incremento superior al 150 por ciento. También destacó reformas recientes como la democratización sindical, la eliminación del outsourcing, el aumento de vacaciones pagadas y la regulación del teletrabajo.
La diputada morenista Valentina Batres señaló que PRI y PAN nunca impulsaron la reducción de la jornada laboral cuando dirigían la política económica del país, y defendieron por años esquemas de contención salarial y jornadas extensas. En contraste, afirmó que la reforma actual reconoce el tiempo de las personas trabajadoras como un asunto de justicia social.
Desde la oposición, el priista Alejandro García Loria calificó la reforma como “una simulación”, aunque finalmente votó a favor, al igual que el PAN. El panista Ricardo Rubio argumentó que la medida afectará tanto a trabajadores como a empresas, que deberán pagar más horas extras o contratar personal adicional sin mejoras salariales para los empleados. Royfid Torres, de MC, acusó a Morena de “regatear derechos laborales”, al señalar que otras iniciativas —como el aumento salarial a trabajadores del Estado y la eliminación del impuesto a aguinaldos— permanecen detenidas en el Congreso federal.