El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) atraviesa la mayor expansión operativa de su historia, financiada por un paquete legislativo aprobado por el Congreso de mayoría republicana y firmado por el presidente Donald Trump. La ley, presentada como un proyecto de recortes fiscales y reorganización del gasto federal, asignó decenas de miles de millones de dólares adicionales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permitiendo a ICE multiplicar su personal, sus operaciones y su presencia en comunidades de todo el país.
Expertos en política presupuestaria advierten que el impacto financiero y operativo de esta legislación apenas comienza a sentirse. Bobby Kogan, director sénior de política presupuestaria federal en el Centro para el Progreso Estadounidense, señaló que la escala del gasto es “algo que nunca antes habíamos visto” en materia de control migratorio. Según Kogan, la ley ha “sobrealimentado” a ICE de una manera que el público general no alcanza a dimensionar.
Durante el primer año del regreso de Trump a la presidencia, la deportación masiva se ha consolidado como eje central de su agenda. Sin embargo, la estrategia ha evolucionado hacia un despliegue nacional de agentes federales, financiado con miles de millones de dólares provenientes de los contribuyentes. La muerte de Renee Good en Minneapolis, durante un operativo de ICE, intensificó las protestas contra la presencia de agentes fuertemente armados y con equipo táctico en vecindarios residenciales.
A pesar de que los cruces irregulares en la frontera sur han caído a niveles mínimos, las operaciones migratorias se han desplazado hacia el interior del país. Agentes enmascarados han sido captados rompiendo ventanas, deteniendo vehículos y sometiendo a personas en la vía pública, acciones que han generado preocupación entre legisladores y defensores de derechos civiles. Reportes recientes indican que ciudadanos estadounidenses y personas sin antecedentes penales también han sido detenidos.
La expansión no se limita a ICE. Diversas agencias federales, estatales y locales han firmado acuerdos con el DHS para participar en operativos migratorios. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, defendió estas acciones y pidió a los demócratas “apartarse” y permitir que las fuerzas federales continúen con su labor.
La legislación aprobada por los republicanos duplicó el presupuesto anual de Seguridad Nacional, agregando 170,000 millones de dólares para cuatro años. De ese monto, ICE recibió 30,000 millones para operaciones y 45,000 millones para ampliar y mantener centros de detención. Analistas señalan que este nivel de gasto es comparable al de programas militares, lo que ha alimentado críticas sobre la “militarización” del control migratorio.
Mientras tanto, el DHS informó que ya ha utilizado 58,000 millones de dólares del nuevo presupuesto, incluyendo 37,000 millones destinados a la construcción del muro fronterizo. La campaña de reclutamiento superó las metas iniciales, incorporando 12,000 nuevos agentes y elevando la fuerza total a 22,000 elementos en cuestión de meses.
A pesar de la magnitud del gasto, la Administración Trump aún está lejos de alcanzar su objetivo de 100,000 detenciones diarias y un millón de deportaciones anuales. No obstante, la agencia reporta 600,000 arrestos y deportaciones, además de 1.9 millones de “autodeportaciones voluntarias” desde enero de 2025.
En el Congreso, un bloque creciente de legisladores demócratas exige imponer límites a las operaciones de ICE, incluyendo restricciones a arrestos en hospitales, iglesias y tribunales, así como la prohibición del uso de máscaras tácticas. Algunos, como el senador Ruben Gallego, han pedido incluso el desmantelamiento total de la agencia.
La legislación que financia esta expansión permanecerá vigente hasta 2029, lo que dificulta cualquier intento inmediato de frenar el gasto o modificar las operaciones. Para muchos críticos, el país está presenciando una transformación profunda del aparato migratorio, financiada con recursos públicos y ejecutada a una escala sin precedentes.