La congresista Delia Ramírez, demócrata por Illinois, anunció la presentación de un proyecto de ley destinado a limitar de manera significativa la capacidad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para detener y vigilar a inmigrantes. La propuesta, adelantada a NBC News, establece que los fondos actualmente destinados a centros de detención y contratos asociados serían redirigidos hacia servicios sociales y de salud en comunidades afectadas por la aplicación de las leyes migratorias.
Ramírez reconoció que la iniciativa no avanzará mientras los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes. Sin embargo, afirmó que su partido debe preparar desde ahora una agenda legislativa que permita actuar con rapidez si recuperan la mayoría tras las elecciones de medio término. Según la congresista, la propuesta responde a un creciente descontento entre votantes que exigen límites más estrictos a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En declaraciones a NBC News, Ramírez criticó lo que describió como una agencia “sin límites” y con escasa supervisión. Señaló que la expansión de operativos migratorios bajo la Administración Trump ha generado temor en comunidades enteras, especialmente tras el reciente tiroteo fatal de Renee Nicole Good en Minnesota, que detonó protestas en Minneapolis, Saint Paul y otras ciudades como Chicago.
El proyecto de ley busca prohibir el uso de centros de detención existentes y bloquear la firma de nuevos contratos. Los recursos serían reasignados a programas de vivienda, atención médica y otros servicios comunitarios. Ramírez enfatizó que la medida no afectaría la capacidad de las fuerzas del orden para procesar delitos penales, argumentando que “los sistemas para hacer cumplir la ley criminal ya existen” y que la propuesta se enfoca exclusivamente en las funciones migratorias de ICE.
La iniciativa surge en un contexto de creciente presión interna dentro del Partido Demócrata para frenar las operaciones de deportación masiva. Legisladores han advertido que no respaldarán futuros paquetes de financiación del DHS si no incluyen restricciones claras a la agencia. Paralelamente, encuestas recientes muestran un aumento en el apoyo público a limitar o incluso eliminar a ICE, una tendencia que contrasta con el clima político de 2018.
No obstante, organizaciones como el centro de pensamiento Third Way han recomendado evitar el uso del lema “abolir ICE”, al considerarlo políticamente contraproducente. En un memorándum reciente, el grupo argumentó que dicho discurso podría permitir a los republicanos desviar la atención de las prácticas de la agencia y presentar a los demócratas como débiles en materia de seguridad fronteriza.
Ramírez rechazó esa postura y sostuvo que su propuesta no compromete la seguridad nacional. Afirmó que, si los demócratas recuperan la mayoría en 2027, estarán en condiciones de avanzar rápidamente con la legislación. Para la congresista, el mensaje central es demostrar urgencia y responder a las demandas de comunidades que, según dijo, se sienten desprotegidas ante las acciones de ICE.