De acuerdo con un reporte de The Intercept, Google proporcionó a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) datos personales y financieros de Amandla Thomas-Johnson, estudiante británico y periodista, en respuesta a una citación administrativa que no había sido aprobada por un juez.
La información entregada incluyó nombres de usuario, direcciones físicas, números telefónicos, direcciones IP, números de suscriptores, identidades, así como datos de tarjetas de crédito y cuentas bancarias vinculadas a su cuenta de Google. El requerimiento se produjo poco después de que Cornell University notificara a Thomas-Johnson que su visa estudiantil había sido revocada.
Las citaciones administrativas son solicitudes emitidas directamente por agencias federales sin intervención judicial. Aunque no permiten acceder al contenido de correos electrónicos o búsquedas, sí pueden exigir metadatos e información identificable. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation han criticado esta práctica y exhortado a las empresas tecnológicas a rechazar dichas solicitudes, insistiendo en que se sometan a revisión judicial y que los usuarios sean notificados oportunamente.
Thomas-Johnson declaró que este caso refleja la necesidad de reflexionar sobre las formas de resistencia en un contexto donde el gobierno y las grandes tecnológicas poseen amplias capacidades de vigilancia y control.