La presidenta de México afirmó que el reciente traslado de 37 personas privadas de la libertad a Estados Unidos no fue un tema tratado con el presidente estadounidense Donald Trump y que la medida responde a una decisión soberana del Estado mexicano. Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la operación se realizó tras una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral.
El Gobierno de México ejecutó el 20 de enero de 2026 el traslado de 37 operadores de organizaciones criminales considerados de alto riesgo para la seguridad nacional, de acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con esta acción, suman 92 personas de alto impacto enviadas a territorio estadounidense durante la actual administración.
Sheinbaum detalló que la decisión fue evaluada en el Consejo Nacional de Seguridad bajo criterios de conveniencia para México, priorizando la seguridad nacional y pública. Subrayó que no se trata de una respuesta automática a solicitudes externas, sino de un análisis propio del Estado mexicano. Asimismo, reiteró que la relación con Estados Unidos se mantiene en un marco de colaboración y coordinación, sin implicaciones mayores derivadas de este traslado.
Por su parte, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacó que la cooperación entre ambos gobiernos ha sido “histórica” durante el último año. Señaló que la transferencia de actores criminales y narcoterroristas refleja la voluntad conjunta de desmantelar redes delictivas transnacionales.