La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó ante la Cámara de Diputados de México una iniciativa de reforma electoral que plantea modificar 11 artículos de la Constitución con el objetivo de reducir costos del sistema electoral, fortalecer la transparencia en el financiamiento político y ampliar los mecanismos de participación ciudadana. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y contempla cambios significativos en la estructura del Congreso, el financiamiento de los partidos y la regulación de contenidos electorales generados mediante inteligencia artificial.
Uno de los cambios centrales de la iniciativa es la reducción del número de senadores de 128 a 96 integrantes en el Senado de la República de México. Asimismo, se plantea modificar el mecanismo de asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional en la Cámara de Diputados de México para evitar que estas posiciones sean definidas exclusivamente por las dirigencias partidistas. La propuesta establece que 100 curules se asignen a candidatos con los mejores porcentajes de votación distrital que no hayan ganado su distrito y otros 100 mediante votación directa en circunscripciones regionales.
La iniciativa también propone reducir en 25 % el financiamiento público destinado al gasto ordinario de los partidos políticos. Además, se busca prohibir aportaciones provenientes de gobiernos, organismos o personas extranjeras, así como recursos ilícitos. Para fortalecer la fiscalización, se plantea que candidatos y partidos reporten todas sus operaciones financieras al Instituto Nacional Electoral, incluyendo activos, divisas y transacciones bancarias, las cuales deberán realizarse únicamente mediante transferencias electrónicas.
Otro componente relevante de la reforma es la regulación del uso de contenidos generados mediante inteligencia artificial en los procesos electorales. La propuesta establece que cualquier material modificado o creado con estas tecnologías deberá estar claramente etiquetado por su emisor. Asimismo, plataformas digitales y concesionarios de radio y televisión deberán identificar y advertir sobre contenidos electorales manipulados que no cumplan con esta obligación.
Finalmente, la iniciativa amplía los mecanismos de democracia directa en el ámbito municipal, incorporando consultas populares, referéndums y plebiscitos en la Constitución. Para activar estos procesos, los congresos locales establecerán el porcentaje de ciudadanos necesario para solicitarlos, con un límite máximo del 2 % del padrón municipal, y sus resultados serán vinculantes para los ayuntamientos si participa al menos el 40 % del listado nominal. Según la presidenta Sheinbaum, la reforma busca fortalecer la legitimidad del sistema democrático, reducir costos institucionales y fomentar una mayor participación ciudadana en la vida pública.