La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España anunció el 23 de enero de 2026 que archivó la investigación preliminar abierta por denuncias de presunta agresión sexual, trata de personas y otros delitos presentadas contra el cantante Julio Iglesias. La decisión se fundamenta en la falta de competencia de los tribunales españoles para investigar hechos ocurridos fuera del territorio nacional, según el decreto difundido por el Ministerio Público .
De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia fue presentada por una organización no gubernamental en representación de dos exempleadas del artista, quienes afirmaron haber sido víctimas de agresiones sexuales, vejaciones y condiciones laborales abusivas mientras trabajaban en propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas. Las denunciantes aportaron documentos laborales, registros de comunicación y otros materiales para respaldar sus acusaciones. Sin embargo, la institución concluyó que no se cumplen los requisitos legales para que España asuma la investigación, entre ellos la existencia de un vínculo material con el país o la residencia del denunciado en territorio español .
El decreto subraya que tanto las presuntas víctimas como los señalados —incluido Iglesias y otras dos personas de nacionalidades colombiana y brasileña— residen fuera de España, y que los hechos habrían ocurrido en países con plena competencia para investigarlos. La Audiencia Nacional ha sostenido reiteradamente, siguiendo criterios del Tribunal Supremo, que España no puede intervenir en delitos cometidos en el extranjero sin conexión relevante con el Estado español .
Julio Iglesias ha negado públicamente todas las acusaciones. En mensajes difundidos en su perfil de Instagram, el cantante afirmó que nunca ha abusado ni coaccionado a ninguna mujer y compartió capturas de conversaciones que, según él, demostrarían inconsistencias en la denuncia. También intentó personarse en el procedimiento para acceder al expediente, pero la Fiscalía rechazó su solicitud al no existir una investigación formal en curso dentro de la jurisdicción española .
Las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link, habían presentado su caso el 5 de enero con el objetivo de visibilizar presuntos patrones de abuso y motivar a otras mujeres a denunciar situaciones similares. Con el archivo del expediente, la Fiscalía española da por concluida su intervención, dejando cualquier posible investigación en manos de las autoridades de los países donde habrían ocurrido los hechos