La Fiscalía General de El Salvador, dirigida por Rodolfo Delgado considerado cercano al presidente Nayib Bukele mantiene detenida una investigación por presunto lavado de dinero relacionada con Alba Petróleos, una empresa financiada con recursos del Gobierno de Venezuela. Documentos fiscales señalan que Bukele habría recibido aproximadamente 3,3 millones de dólares a su nombre y a través de empresas familiares vinculadas al conglomerado. Dos exinvestigadores confirmaron que, desde la llegada de Delgado al cargo, el expediente no ha registrado avances.
El Ministerio Público venezolano tampoco ha emitido comentarios sobre el caso. La investigación fue abierta en 2019 por el entonces fiscal general Raúl Melara, quien indagaba posibles actos de corrupción y presuntos pactos del Ejecutivo con estructuras criminales. Melara fue destituido el 1 de mayo de 2021, cuando el oficialismo tomó control de la Asamblea Legislativa y reemplazó a magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Alba Petróleos, fundada en 2006 como sociedad de economía mixta, operaba con capital proveniente en un 60% de PDV Caribe, filial de PDVSA. En mayo de 2019, la Fiscalía allanó sus oficinas y las de 27 empresas asociadas. Meses después, una investigación periodística reveló que Bukele recibió en 2013 fondos de Inverval, una de las principales compañías del grupo, que obtenía cerca del 70% de sus ingresos de recursos venezolanos. El mandatario afirmó que el dinero correspondía a la venta parcial del canal TVX, propiedad de su familia.
El vínculo entre Delgado y Alba Petróleos también ha sido documentado. Registros de la Sala de lo Constitucional muestran que el actual fiscal actuó como apoderado legal de la empresa y buscó frenar los allanamientos de 2019. La filtración de documentos judiciales por el grupo “Ciberinteligencia SV” permitió verificar su participación. En 2021, una investigación periodística reportó que Delgado recibió más de 46.000 dólares de Alba Petróleos en 2019, además de haber trabajado con un empresario señalado por la Fiscalía como colaborador de la MS-13 en operaciones de lavado.
La investigación permanece sin avances desde 2021, pese a que los señalamientos involucran a funcionarios de alto nivel y a estructuras empresariales vinculadas al financiamiento político y a operaciones transnacionales de petróleo.