El gobierno de Cuba informó que los diez pasajeros de una lancha rápida con matrícula de Florida que ingresó a sus aguas territoriales abrieron fuego contra soldados cubanos, lo que desató un enfrentamiento que dejó cuatro muertos y seis heridos. Según el Ministerio del Interior, los ocupantes eran ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos que buscaban infiltrarse en la isla para ejecutar acciones terroristas. Un oficial cubano resultó herido durante el intercambio. Las autoridades señalaron que la mayoría de los involucrados tenía antecedentes de actividades criminales y violentas.
Entre los identificados se encuentran Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, buscados en Cuba por presunta participación en la planificación, financiamiento y organización de actos terroristas. También fue detenido Duniel Hernández Santos, quien, según el gobierno, fue enviado desde Estados Unidos para coordinar la operación y habría confesado su rol. Las autoridades identificaron a siete de los diez pasajeros y confirmaron que uno de los fallecidos era Michel Ortega Casanova, mientras que tres víctimas mortales permanecen sin identificar.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que Washington está recabando información independiente para determinar si entre las víctimas hay ciudadanos o residentes permanentes estadounidenses. Rubio calificó el incidente como “altamente inusual” y afirmó que tanto el Departamento de Seguridad Nacional como la Guardia Costera investigan de manera paralela. Subrayó que el gobierno estadounidense no participó en la operación y que no se basará únicamente en la versión proporcionada por las autoridades cubanas.
El episodio ocurre en un contexto de tensiones crecientes entre ambos países tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el endurecimiento de la postura de Washington hacia La Habana. El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que impone aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, medida que ha agravado la crisis energética en la isla y presionado a México, su principal proveedor actual. En Florida, el fiscal general James Uthmeier anunció que abrirá una investigación propia, argumentando que el gobierno cubano “no puede ser confiable” en su versión de los hechos.