El presidente Donald Trump presentó una demanda por 5,000 millones de dólares contra JPMorgan Chase y su director ejecutivo, Jamie Dimon, alegando que el banco cerró sus cuentas personales y corporativas por razones políticas tras la conclusión de su primer mandato en enero de 2021 .
La querella, radicada en un tribunal del condado de Miami-Dade, sostiene que la institución financiera canceló varias cuentas en febrero de 2021 con un aviso de solo 60 días y sin ofrecer explicación. Según el documento legal, esta decisión habría generado pérdidas millonarias, afectado operaciones empresariales y obligado a Trump y a sus compañías a abrir nuevas cuentas de manera urgente en otras entidades bancarias .
Los abogados del presidente argumentan que JPMorgan actuó motivado por el clima político posterior al 6 de enero de 2021 y que la supuesta “desbancarización” forma parte de una práctica más amplia dentro del sector financiero para presionar a figuras conservadoras y modificar su conducta pública. La demanda también acusa al banco de difamación comercial y señala a Dimon por presuntas violaciones a la Ley de Prácticas Comerciales Injustas y Engañosas de Florida .
JPMorgan respondió mediante un comunicado en el que lamentó la acción legal, pero rechazó categóricamente que el cierre de cuentas obedeciera a motivos políticos o religiosos. La empresa afirmó que únicamente toma estas medidas cuando identifica riesgos legales o regulatorios para la institución y calificó la demanda como “carente de fundamento” .
El debate sobre la desbancarización ha ganado relevancia en los últimos años, especialmente entre sectores conservadores que denuncian discriminación financiera. El tema cobró notoriedad durante la administración de Barack Obama, cuando críticos acusaron al Gobierno de presionar a bancos para limitar servicios a negocios como tiendas de armas bajo la llamada “Operación Choke Point” .
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha impulsado medidas regulatorias para restringir el uso del concepto de “riesgo reputacional” como justificación para negar servicios financieros a clientes, argumentando que esta práctica puede emplearse de manera arbitraria o ideológica