El gobierno de Estados Unidos permanece cerrado desde el 1 de octubre, tras el fracaso del Congreso y del presidente Donald Trump en aprobar un nuevo presupuesto. La paralización afecta a cientos de miles de empleados federales y ha generado despidos, incertidumbre económica y una creciente confrontación política.
El cierre, conocido como “shutdown”, ocurre cuando no se aprueban fondos para mantener operativas las agencias gubernamentales. La Ley Antideficiencia de 1884 prohíbe al gobierno gastar sin autorización legislativa, lo que ha obligado a suspender servicios no esenciales.
Más de 750,000 trabajadores federales están en pausa o en riesgo de despido. Aunque una ley garantiza el pago retroactivo, los subcontratistas podrían no recibir compensación. Servicios como hospitales, patrullas fronterizas y control aéreo siguen funcionando.
Las negociaciones colapsaron por desacuerdos sobre la política sanitaria. Los demócratas exigen mantener el financiamiento de Obamacare y revertir recortes a Medicaid, mientras que los republicanos rechazan incluir cobertura para inmigrantes indocumentados, algo que los demócratas niegan.
Trump ha ordenado evaluar despidos permanentes y recortes en proyectos climáticos por 8 mil millones de dólares. “Todo esto es culpa de los demócratas”, dijo el presidente, culpándolos por la pérdida de empleos.
Para terminar el cierre, se necesita un presupuesto provisional aprobado por al menos 60 senadores. Los republicanos tienen 53 escaños, por lo que requieren apoyo demócrata. Sin acuerdo a la vista, el país permanece en un limbo legislativo.